El 'renting' de vehículos profesionales gana terreno entre autónomos y pymes.

Según los últimos datos de la Asociación Española de Leasing y Renting, entre enero y agosto de 2025 se firmaron 230.127 operaciones de renting, un 2,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto significa que el 21,9% de los vehículos matriculados en España lo hicieron bajo esta modalidad. Por segmentos, los turismos lideran el mercado con 183.371 operaciones, un 2,8% más que en 2024. Les siguen las furgonetas, que alcanzaron 37.664 matriculaciones en renting, aunque su aumento fue casi del doble sumando un 4,8%. El alquiler de camiones también creció ligeramente, con 2.755 contratos, mientras que el de autobuses experimentó el mayor repunte, con 84 operaciones.

Hacienda ha comenzado a pedir datos a los contribuyentes cuyas declaraciones de la Renta puedan contener errores o incongruencias.

Se han cumplido dos meses desde la finalización de la campaña de la Renta 2024, con 15,9 millones de devoluciones solicitadas por los contribuyentes, un 1,81% menos que durante el año anterior. Hacienda ya ha devuelto la mayor parte de estos importes, si bien alrededor de dos millones de autoliquidaciones todavía no se han cerrado, lo que podría anticipar un procedimiento de inspección por parte del Fisco para corroborar que los datos incluidos en la declaración son correctos. En la mayoría de casos, Hacienda reclamará los justificantes de determinados datos incluidos en la declaración de la Renta, tras lo que procederá a la devolución correspondiente, o bien a corregir el resultado de la liquidación para subsanar los errores.

La AN pone coto al acceso de los representantes de los trabajadores a sus salarios de forma individualizada.

En una sentencia, consideran los jueces que la normativa sólo permite a las organizaciones sindicales conocer los valores salariales medios de los trabajadores, así como los complementos y percepciones extrasalariales, sin que se pueda identificar de manera individual la retribución que percibe cada empleado. Concluye la Sala de lo Social de la AN recordando que el Estatuto de los Trabajadores actual, que fue reformado en 2021 para incluir la obligatoriedad de contar con el registro salarial, "obliga a incluir en el registro los valores medios salariales y no los individuales".

El Ministerio de Hacienda estudia los beneficios fiscales con el objetivo de reducirlos este año en una décima de PIB

El Ministerio de Hacienda estudia los beneficios fiscales con el objetivo de reducirlos este año en una décima de PIB  (unos 1.675 millones de euros) para cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas en el Plan de Recuperación y el plan fiscal estructural a medio plazo. Si bien por el momento no ha concretado cuáles revisará o eliminará ya que depende de que cumpla sus objetivos, los informes en los que se basará su análisis apuntan desde los premios de loterías o las indemnizaciones por despido, a los tipos reducidos de IVA o el diésel.

Las aperturas de procedimientos concursales se reducen un 21% en el segundo trimestre del año.

Durante el segundo trimestre de 2025 el número de deudores concursados ha sido de 12.149, lo que supone un descenso trimestral del 21%, y un incremento anual del 25,3%. En cuanto a los concursos de personas jurídicas empresas, han disminuido un 2,6% respecto al mismo período del año anterior. Los concursos de personas físicas constituyen el 88,2% del total de deudores concursados, con un total de 10.714 procedimientos iniciados.

El TS cambia el criterio y abre la puerta al recurso de casación por debajo de 150.000 euros

El TS cambia el criterio y abre la puerta al recurso de casación por debajo de 150.000 euros si existe indefensión del trabajador, según sentencia del 08-07-25. Cuando el motivo del recurso se base en una violación de las normas procesales, siempre que haya causado indefensión y afecte al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. La ponente considera que esta interpretación es la más favorable para el derecho fundamental, admitiéndose el recurso, aunque solo sea a los efectos de poder resolver el concreto motivo que denuncia esa supuesta infracción de las normas o garantías procesales con resultado de indefensión. La sentencia considera que el requisito de cuantía mínima para la admisibilidad debe ceder ante las consecuencias que su aplicación tendría sobre la tutela judicial efectiva del recurrente, ya que impediría corregir una infracción de normas o garantías procesales cometida por la propia sentencia impugnada.

El TSJCLM rechaza conceder la IP a una carnicera porque sus dolencias no le impiden realizar su actividad.

La mujer trabaja como operaria cárnica realizando tareas de picar, amasar, embutir, atar, envasar al vacío, colgar, encajar y paletizar el género. Entre noviembre de 2018 y marzo de 2021 estuvo de baja laboral por cervicalgia siendo operada de síndrome del túnel carpiano derecho. Fue dada de alta en mayo de 2021. En septiembre de ese año comenzó otra baja médica por hernia discal que duró hasta diciembre. Durante este tiempo la trabajadora inició una solicitud de IP derivada de enfermedad común que fue denegada, primero por la entidad gestora y en enero de 2024 por el juzgado. El tribunal expone que la magistrada de instancia llega a esta conclusión analizando no solo los informes del EVI sino los correspondientes a los distintos servicios especializados que ha tratado a la demandante. Recuerdan que cuando existen contradicciones en las periciales, la doctrina jurisprudencial establece que debe prevalecer la valoración del juzgador de instancia conforme a las reglas previstas en el artículo 348 LEC.

El TS declara la nulidad a una sanción por falta de nombramiento de instructor y secretario imparciales

El TS declara la nulidad a una sanción por falta de nombramiento de instructor y secretario imparciales en el expediente contradictorio previo a la imposición de una sanción por falta muy grave a un representante de los trabajadores, tal como lo exige el convenio colectivo aplicable e incluso si el convenio no lo prevé expresamente, constituye un incumplimiento de una garantía esencial que conlleva la nulidad de la sanción, según establece el TS, en sentencia de 17 julio 2025. Según esta sentencia, que unifica doctrina, "en estos casos, la falta de designación de estos cargos imparciales constituye un defecto de tal gravedad que impide alcanzar la finalidad principal de la garantía, que es permitir al representante de los trabajadores desplegar su actividad de defensa preventiva ante una persona imparcial, distinta del empresario". Esta doctrina contradice la interpretación de las sentencias previas del Juzgado de lo Social y del TSJ de Extremadura, que desestimaron la nulidad al considerar que el convenio no la preveía y que la finalidad de la designación se había cumplido, por lo que el TS revoca y suspende las sentencias previas.