El Consejo de la UE alcanzó ayer dicho acuerdo, de manera que se empezarán a aplicar aranceles aduaneros a todas las mercancías que entren en la UE en cuanto esté operativo el Centro Aduanero de Datos de la UE, que se está debatiendo como parte de una reforma fundamental más amplia del marco aduanero. Actualmente se prevé que eso suceda en 2028. Hasta entonces, los Estados miembros de la UE han acordado introducir un derecho de aduana provisional de tipo fijo de 3€ sobre los artículos contenidos en paquetes pequeños valorados en menos de 150€ enviados directamente a los consumidores de la UE. A partir del 1 de julio de 2026, el derecho se aplicará a cada una de las diferentes categorías de artículos, identificadas por sus subpartidas arancelarias, contenidas en un paquete.

El proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, aprobado por el Consejo de Ministros en octubre y remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria, aspira a sustituir una norma vigente en España desde 1882. Desde la perspectiva empresarial, la reforma no sólo cambia quién investiga, sino también cómo se investiga. El proyecto refuerza de forma notable las herramientas de investigación tecnológica. Además, la LOECrim amplía el alcance de medidas cautelares que pueden afectar directamente a la actividad empresarial. Intervenciones judiciales, suspensiones de actividad o clausuras temporales pueden llegar a paralizar operaciones durante la fase de investigación. Anticiparse, reforzar el compliance y adaptar la estrategia defensiva al nuevo protagonismo de la fiscalía ya no es una opción, sino una exigencia del nuevo escenario legal que se avecina.

Tributos, en una consulta del 14 de octubre, aclara que si la cesión es totalmente gratuita, a efectos prácticos es igual que si la vivienda estuviera vacía. Es decir, se entiende que el contribuyente tiene un bien susceptible de generar beneficios y por ello se le aplica lo que se conoce como la imputación de rentas. Por tanto, el dueño del inmueble tendrá que pagar en la Renta el 2% del valor catastral de la vivienda o, en caso de que este hubiera sido revisado en los últimos diez años, el 1,1%.

El TS admite a trámite un recurso de casación que podría provocar un nuevo terremoto en la AEAT en relación con el controvertido Modelo 720, esto es, el relativo a la obligatoria la declaración anual sobre bienes y derechos situados en el extranjero. En un auto reciente, la Sección de Admisión ha fijado como cuestión de interés casacional determinar el alcance real de la STATJUE de 27-01-2022, que declaró ilegal el régimen sancionador español sobre bienes en el extranjero. La cuestión nuclear que abordará el TS es si esta nulidad "puede abarcar incluso a actos firmes por no haber sido objeto de impugnación para garantizar la primacía y efectividad del Derecho de la UE", o si, por el contrario, los procedimientos ya cerrados no se ven afectados.