En octubre se crearon 11.665 sociedades mercantiles, un 9,0% más que en el mismo mes de 2024. El capital suscrito para su constitución registró un incremento anual del 5,3%. Por otro lado, ampliaron capital 2.437 sociedades. El número de sociedades mercantiles disueltas descendió un 1,9% en tasa anual. El 81,7% de ellas lo hicieron voluntariamente. El 19,0% de las sociedades mercantiles creadas en octubre correspondió a Inmobiliarias, financieras y seguros y el 15,9% al Comercio. En cuanto a las sociedades disueltas, el 19,8% pertenecía al Comercio y el 15,9% a la Construcción. Illes Balears, Canarias y País Vasco presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en octubre. Por su parte, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura y Aragón registraron los descensos más acusados.

El alto tribunal fija que las multas de Hacienda serán nulas de pleno derecho si el fisco ignora las pruebas presentadas por el afectado y no "justifica ni motiva su rechazo". La Corte, en una sentencia del 24 de noviembre, establece que cuando la AEAT impone una sanción sin escuchar las pruebas de descargo propuestas por el contribuyente "vulnera el derecho fundamental a utilizar medios de prueba pertinentes para la defensa y, en relación con dicho derecho, a la presunción de inocencia". En el caso de que Hacienda rechace las pruebas, debe motivarlo, y acreditar que su práctica no alteraría el resultado final.

La sentencia establece que, cuando las mercancías se introducen en un depósito aduanero y posteriormente son despachadas, el momento clave para determinar su valor en aduana es el de su inclusión en dicho depósito. Por lo tanto, el valor de transacción que debe usarse es el de la "primera transmisión", la venta que motivó su entrada en el territorio aduanero de la Unión. Esta interpretación, basada en los artículos 29 y 112 del Código Aduanero Comunitario, aporta una seguridad jurídica fundamental para las empresas que utilizan los depósitos aduaneros como centros estratégicos de distribución. Les permite calcular sus costes arancelarios con antelación, basándose en el precio de compra original, sin que ventas intermedias dentro del almacén alteren la base imponible. El fallo no es solo un dictamen técnico, sino una guía estratégica para cualquier empresa que opere en la cadena de suministro internacional de la UE. 

Su Sala de lo Social emitió hace unas semanas una sentencia en la que se dirimía si ese tiempo de comida es parte de la jornada de trabajo o no. Todo depende, resume el Alto Tribunal, de si durante ese tiempo el empleado está disponible. El Supremo especifica que "si se garantiza la desconexión total de las personas que prestan servicios para la empresa durante la hora de interrupción de su trabajo para comer dicho periodo de ninguna manera puede ser considerado como tiempo a disposición", pero que en el caso de que se garantice el descanso del trabajador, ese tiempo no es considerado jornada de trabajo.