El primer bloque de medidas que quiere plantear el Gobierno busca frenar las subidas de precios en las renovaciones de contratos de alquiler a través de incentivos fiscales a los caseros. Hacienda está dispuesta a activar una bonificación de hasta el 100% en el IRPF a los propietarios que renueven los contratos de arrendamiento sin subir el precio a sus inquilinos. Sumar siempre ha considerado las bonificaciones fiscales como una ayuda a caseros, pero en la negociación del decreto que ha decaído se ha abierto a aplicarlas. En búsqueda de ese acuerdo transversal, el Gobierno también considera de imperiosa necesidad reforzar la regulación de los alquileres de temporada a nivel estatal, es decir, aquellos de menos de un año de duración y, por tanto, no sujetos a una contención en las subidas de precios. En Catalunya sí existe desde el 1 de enero una normativa propia. Vivienda tiene localizado un trasvase hacia esa modalidad por parte de propietarios de inmuebles que, ante las limitaciones del alquiler tradicional, optan por esta figura.

La AN resuelve una cuestión recurrente en la práctica laboral: en qué casos la empresa puede modificar un sistema de retribución variable sin acudir al procedimiento de modificación sustancial. En el concreto supuesto resuelto por la AN, la empresa, de forma unilateral, incrementó el umbral mínimo para acceder al incentivo de ventas. La AN concluye que no nos encontramos ante una modificación sustancial: si el bonus es discrecional en su origen, no consolidado y configurado anualmente, su modificación forma parte del poder de dirección empresarial. La sentencia introduce, no obstante, un recordatorio importante: la empresa debe fijar los objetivos de forma clara, determinada y en plazo. En definitiva, la sentencia aporta así un criterio claro: no toda modificación de incentivos implica una modificación sustancial, pero sí exige un análisis riguroso del diseño y aplicación del sistema en cada caso.

El TS fija en una sentencia que la nota solo tiene la función de avisar al comprador del inmueble de que pesa una deuda tributaria sobre el mismo y el hecho de que caduque a los 5 años no implica que también prescriba el plazo de Hacienda para cobrársela. La sentencia advierte que no se puede confundir la función de la nota registral, que es dar a conocer al nuevo comprador que el inmueble tiene una deuda fiscal, con el plazo para exigir la responsabilidad subsidiaria.

Los tribunales obligan a las empresas a indemnizar a los trabajadores por denegarles la adaptación de jornada para la conciliación familiar de forma injustificada o sin que haya existido una negociación previa. Varios Tribunales Superiores de Justicia han emitido cuatro sentencias entre febrero y marzo de este año en las que ratifican compensaciones de entre 6.000€ y 9.000€ a los empleados por los daños y perjuicios sufridos. La sentencia del TSJ de Navarra recuerda que el TS, en su sentencia del 24-09-2025, concluyó que la falta de la apertura de negociación de la empresa conllevará aceptar la solicitud del trabajador, siempre que el juez valore que no es desproporcionada. En la misma línea, el TSJ de Andalucía estima tres sentencias por falta de justificación suficiente de la empresa de la negativa a adaptar la jornada.