El objetivo es evitar la merma en la cuantía de la pensión que producen esos peores meses cotizados que se tienen en cuenta para calcularla. Esta medida, aprobada en la reforma de pensiones de marzo de 2023, establece que a partir del 1 de enero de 2026 la Seguridad Social aplicará dos métodos alternativos para calcular la base reguladora de la pensión contributiva (cuantía sobre la que se aplica el porcentaje de pensión al que se tiene derecho en función del número de años cotizados). Así, se mantendrá el método usado hasta ahora, calculando esta base con las cotizaciones de los últimos 25 años cotizados y, en paralelo empezará la implantación de una nueva fórmula que consiste en llegar a eliminar los dos peores años de cotización de los últimos 27 años cotizados. Como esta implantación del nuevo método será progresiva, en 2026 quienes se jubilen podrán escoger el resultado más beneficioso entre el método tradicional o el nuevo.

La labor de los jueces es revisar la legalidad de las sanciones administrativas, no "corregirlas" o "mejorarlas" para evitar su anulación. En una sentencia de gran calado jurídico, el Constitucional determina que permitir que un tribunal confirme una multa basándose en razones que la Administración olvidó incluir en su expediente genera indefensión y rompe el equilibrio de poderes. El fallo impide que la Justicia actúe como una "segunda administración" sancionadora. El Constitucional ha anulado la expulsión, señalando que el juez no puede sustituir a la Administración buscando argumentos que esta no utilizó. Aunque el fallo nace en el ámbito de extranjería, su fundamentación jurídica afecta de lleno a las prácticas habituales en la litigiosidad administrativa, especialmente en materia tributaria y de competencia.

Muchas demandas se formulan buscando la nulidad automática cuando la decisión extintiva coincide con un proceso de IT. Pero los tribunales están delimitando los contornos de la protección antidiscriminatoria por enfermedad. Una sentencia del TSJPV recuerda que la nulidad por IT no es automática. Se necesita la existencia de la enfermedad y unos indicios sólidos de que la enfermedad motivó el despido. La enseñanza que deja esta sentencia es clara: la IT ofrece una protección reforzada, sí, pero no convierte automáticamente cualquier despido en sospechoso. Esa protección exige siempre una base indiciaria real, no meras coincidencias temporales.

Ha dictado la primera sentencia firmada en Canarias que reconoce el derecho de una empleada de hogar a percibir el subsidio de desempleo, a pesar de que fue despedida antes de que entrara en vigor el RD Ley 16/2022 que reconoció el derecho de este colectivo “feminizado” a cobrar el paro. Como ya lo habían hecho en meses previos otros tribunales superiores (Galicia, Navarra), el TSJ de Canarias entiende que la denegación de la prestación es inaplicable en virtud de la sentencia del TJUE de 24 de febrero de 2022 que reconoce derechos de protección social a las trabajadoras de hogar.