Y en gran medida, porque por primera vez, el dinero va por delante de una ley, lo que garantiza la financiación para poner en marcha los nuevos derechos y prestaciones que estas normas traen consigo. Son muchos los nuevos servicios que incorporan y que, si se aplican, cambiarán de forma evidente el sistema de atención y cuidado a las personas dependientes y con discapacidad en el hogar. La reforma de la ley de dependencia cuenta con 6.200 millones de euros extras hasta el 2027 y la obligación del Estado de financiar al 50% los servicios y prestaciones. En materia de dependencia, se amplía la figura de los cuidadores familiares a personas allegadas, como vecinos o amigos, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias. Se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario, como ir al médico o a hacer la compra.